Limitar los free tours, imponer tasas turísticas o elevar las multas por orinar en la calle son solo algunas de las medidas que adoptan numerosas ciudades españolas para plantar cara al turismo masivo y limitar su impacto negativo en los vecindarios.
A la cabeza va Toledo, Patrimonio Mundial de la Humanidad, que este julio ha lanzado una ordenanza municipal pionera en España que incluye la reducción de los grupos turísticos a 30 personas en su casco histórico o prohibir el uso de megáfonos a los guías bajo amenaza de multas de hasta 700 euros, entre otras iniciativas. Por su parte, Segovia —otra de las ciudades más visitadas de España—, trata de proteger su Acueducto romano con sanciones de entre 750 y 3.000 euros para quien dañe el monumento, que data del siglo II.
Las Baleares también endurecen sus políticas. El Govern balear estudia subir el impuesto turístico —la conocida como ecotasa— de 2 a 6 euros por noche y viajero en temporada alta y en cruceros, además de crear un tributo específico para vehículos vacacionales, con tarifas que rondarían entre 30 y 85 euros. En Ibiza, donde la presión turística ha disparado los precios de la vivienda, la proliferación de autocaravanas ha llevado a imponer multas de hasta 40.000 euros a quienes accedan sin autorización o pernocten fuera de campings.
Altavoces en las playas, cavar en la arena o fumar
La presión del turismo también se nota en la costa. En Marbella, orinar en el mar o en la playa puede costar hasta 1.500 euros; en Málaga, los visitantes se enfrentan a sanciones de 700 euros si no cumplen normas básicas de convivencia, como el uso de altavoces en las playas.
En playas gallegas, como la de Nigrán (Pontevedra), las multas alcanzan los 200.000 euros por excavar agujeros en la arena. Y en Canarias o Baleares, guardarse una concha como recuerdo puede acarrear hasta 3.000 euros de sanción.
También fumar en público puede salir muy caro en España, hasta 600 euros de multa puede suponer encender un cigarro en la arena en playa catalanas (noreste).
Las medidas de otros países contra la masificación
El problema crece. Desde Italia a Nepal, las ciudades se preparan para frenar la masificación turística. La isla de Capri (sur de Italia) ha prohibido a sus tiendas y restaurantes asaltar a los turistas a pie de calle con ofertas «no pedidas» porque la situación «agravada con los flujos turísticos crecientes en temporada alta, determina un grave perjuicio al decoro urbano y es necesario intervenir con urgencia», alega su alcalde, Paolo Falco.
Sin salir de Italia, la tasa turística por pasar la noche en Venecia es de 5 euros por persona, pero comer o beber sentado en el suelo en zonas próximas a los canales y los monumentos puede salir por 200 euros.
Albufeira, en el sur de Portugal, se ha plantado ante los comportamientos «excesivos» en la vía pública y ha establecido un código de conducta que incluye multas de hasta 4.000 euros a aquellos que vayan desnudos, orinen o beban alcohol en la calle, identificados en su mayoría como visitantes extranjeros.
Nepal también estudia limitar los permisos para subir al Everest a escaladores que hayan coronado previamente una montaña de más de 7.000 metros, en un intento por limitar el deterioro ambiental de la zona.