Mientras el ‘caso Cerdán’ y el ‘caso Montoro’ siguen sacudiendo el panorama político nacional, en la Región de Murcia la Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar próximamente … la apertura de juicio en ocho asuntos que investigan -en algunos casos desde hace 17 años- distintos juzgados. Afectan a las administraciones local, autonómica y central y mantienen imputados a funcionarios, cargos políticos, particulares y empresas privadas por hechos de las dos últimas décadas. Además, el Ministerio Público avanza con otras cinco causas en las que se investigan también supuestos delitos contra las instituciones, entre ellos prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
«Hay trece denuncias por delitos contra la administración pública en fase de diligencias previas, ocho de ellas iniciadas por la Fiscalía y de previsible finalización con el dictado de auto de Procedimiento Abreviado para formular acusación. Y constan cinco causas en fase de instrucción», indicaron fuentes del Ministerio Público a LA VERDAD. Entre las ocho por las que espera sentar en el banquillo a diferentes investigados está la relativa al presunto amaño de contratos y de adjudicaciones de empleos de alta dirección en la Autoridad Portuaria de Cartagena a personas afines a dos expresidentes de este organismo y del entorno del Partido Popular.
Alguazas, Molina, San Javier…
De las diligencias penales, abiertas en 2023, se ocupa el Juzgado de Instrucción 1 y van dirigidas de manera principal «contra la expresidenta de la entidad» (autónoma pero integrada en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), Yolanda Muñoz, y su predecesor y exconsejero regional de Obras Públicas Antonio Sevilla, ambos del PP. «Se siguen practicando diligencias y el juzgado ha solicitado informes para una prórroga», explicaron estas fuentes.
En Anticorrupción también se refirieron al ‘caso Barraca’, dirigido contra un arquitecto del Ayuntamiento de Murcia y otras personas. Las diligencias las abrió en 2007 el Juzgado de Instrucción 4 de Murcia. El mismo órgano indaga desde 2021 acerca de presuntas actividades delictivas de funcionarios de prisiones y de la Agencia Tributaria, de un ex director general de Carreteras de la Comunidad Autónoma, José Antonio Fernández Lledó, la exalcaldesa de Alguazas Silvia Ruiz, del PP. «Se siguen practicando diligencias. Y se ha solicitado el desglose en tres piezas separadas», señalaron. La Fiscalía espera, además, «el traslado de documentación del Juzgado de Instrucción 8 de Murcia para poder formular acusación» en un asunto de 2017: el ‘caso César’, de presunto fraude en las obras del AVE. Afecta a Adif, empresas contratistas y la Junta de Hacendados.
También en la capital, Instrucción 6 se encarga del caso ‘Teatro Circo’, pieza separada del ‘Umbra’. Hace ya siete años, el juzgado acordó procesar al exconcejal del PP en Murcia Fernando Berberena y al exgerente de Urbanismo Alberto Guerra, por supuestas irregularidades en un convenio urbanístico de 2005. Se indaga sobre la delimitación de tres parcelas en las que el Ayuntamiento sustituía su uso agropecuario por residencial, a cambio de compensaciones económicas y de la rehabilitación el Teatro Circo o construir una guardería. Recientemente, la jueza suspendió el plazo de presentación de escritos de calificación, por la baja de una letrada municipal.
En Caravaca, en el Juzgado de Instrucción 2, la Fiscalía busca dar un último impulso a la investigación de anomalías en la contratación de una asesoría jurídica externa por parte del Ayuntamiento. En Molina de Segura, afronta el reto de que Instrucción 3 concluya tras «trece años» las pesquisas del ‘caso vertedero’. Está imputado el exalcalde Eduardo Contreras, del PP, por una permuta de terrenos entre el Consistorio y un empresario, que presuntamente facilitó a este último un pelotazo.
Por último, la Fiscalía lamenta que en el ‘caso Valhalla’, 17 años después por parte del Juzgado de Instrucción 8 de San Javier «no se ha dado traslado todavía» de las diligencias «para calificación del fiscal». «Fue desglosado en tres piezas en 2019 para facilitar el juicio y sobre dos de ellas se ha dictado auto de Procedimiento Abreviado, en el ‘caso Arquitectos’ y en el de la permuta del campo de golf de Ladera 2 Mares. Falta dictar un tercer auto. Son asuntos de corrupción urbanística en la etapa del exalcalde del PP José Hernández, cuya instrucción se ha eternizado.
Siguen las pesquisas sobre Deportes, la Oficina del DNI y Salud
El listado de causas «en fase de instrucción» abarca, según fuentes de la Anticorrupción, las diligencias contra autoridades y funcionarios de la Dirección General de Deportes y particulares por un contrato de obra pública. Lo lleva Instrucción 5 de San Javier. En Murcia, Instrucción 8 investiga irregularidades en la Oficina del DNI; Instrucción 2, la aparente malversación por conceptos indebidos en nóminas de un funcionario del Servicio Murciano de Salud; e Instrucción 9, una querella contra el exdirector general de Minas, que el fiscal pide archivar. En Caravaca, Instrucción 2 dictó el archivo provisional de ‘Caravaca Jubilar’, donde imputaron a la presidenta y edil del PP de Calasparra, María Marín. La Fiscalía ha recurrido.
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Medio centenar de asuntos impulsados en 18 años, la mayoría de ellos desde 2019
En los últimos dieciocho años, que coinciden con la etapa de Juan Pablo Lozano como fiscal delegado de Anticorrupción (y delegado de la Fiscalía General del Estado), el Ministerio Público ha formulado 51 acusaciones por delitos contra la administración pública. La mayoría, 27, las realizó entre los años 2019 y 2024. «La persecución de los delitos de corrupción es una exigencia que han asimilado todos los operadores jurídicos hoy día», destacaron en la Fiscalía regional, que dirige José Luis Díaz Manzanera. Ha habido 35 acusaciones contra funcionarios y autoridades de 21 de los 45 ayuntamientos; diez sobre la Comunidad Autónoma; y 6 sobre la Administración estatal. De las 23 sentencias dictadas, 15 han sido condenatorias y ocho absolutorias.
Destaca la condena al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez (PP) a tres años de prisión por la adjudicación y construcción del teatro auditorio de Puerto Lumbreras siendo alcalde.
Sánchez recurre y Vélez espera
Sánchez ha recurrido la sentencia y la solicitud de la Fiscalía de 13 años y medio por la construcción de una guardería y un centro de la mujer cuando era regidor (‘caso Guardería’). De los asuntos por resolver sobresale que la Audiencia Provincial debe aún pronunciarse sobre el recurso presentado en noviembre de 2024 por el ex secretario general del PSRM-PSOE y exdiputado regional José Vélez contra su procesamiento en el ‘caso Plaza de Toros’. La Fiscalía le pide 8 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en la organización de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra en su etapa de alcalde.
Entre los asuntos pendientes de juicio (algunos sin fecha por el colapso de juzgados y tribunales) están el ‘Novo Carthago’, el ‘La Sal II’ y el ‘Ninette’. La vista oral del primero empezará en septiembre y se dirigirá contra los exconsejeros de Agricultura y de Obras Públicas, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana (del PP), respectivamente, por la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir 10.000 viviendas.
Valcárcel y Escudero
Por el ‘caso La Sal II’ sentará en el banquillo al expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel por un presunto fraude en la construcción de la desaladora de Escombreras. La Fiscalía pide para el expolítico del PP once años y medio de prisión por distintos presuntos ilícitos. La vista se celebrará en septiembre de 2027.
En ‘Ninette’, tras 19 años, Instrucción 2 de San Javier abrió juicio oral por corrupción urbanística en Los Alcázares. La Fiscalía pide seis años para el exalcalde Juan Escudero, del PSOE, por presunta malversación.