En plena crisis por la invasión en Ceuta todavía activa, sin una solución favorable para la ciudad y sus vecinos y con la imagen de España cuestionada a nivel internacional, la principal preocupación de Ferraz es «la imagen e intereses del partido». La Comisión … Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, ha remitido una resolución a los máximos cargos institucionales a nivel regional para afearles su actitud, con críticas directas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
El origen de la controversia se encuentra en una decisión adoptada por el Grupo Socialista durante una reunión celebrada el 13 de agosto de 2026, mediante la cual se acordó el cese de los representantes del PSOE, cercanos a la dirección regional, de ocho consejos de administración de empresas municipales y su sustitución por dos únicas personas: Sebastián Guerrero y Melchor León, ambos abiertamente críticos con lo que está haciendo su partido con la crisis migratoria.
Según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso ABC, esta decisión no se limita a modificar las personas que ocupaban determinadas responsabilidades, sino que supone una alteración sustancial de la posición política que el PSOE había mantenido hasta ese momento en los órganos de administración de las empresas municipales. La presencia de representantes socialistas en estos consejos había permitido desarrollar funciones de control, fiscalización y seguimiento de la gestión municipal, consideradas fundamentales por la Comisión Ejecutiva Regional.
Por este motivo, la Secretaría de Organización del PSOE de Ceuta solicitó la intervención de la dirección federal para garantizar la coordinación entre el Grupo Socialista y los órganos de dirección del Partido. Ante esta petición, y tras varias amenazas soterradas y en privado para acallar las críticas que vertían públicamente algunos dirigentes como Guerrero y León, Ferraz ha movido ficha tensando aún más las relaciones orgánicas.

La carta que ha enviado Ferraz a los diputados socialistas de Ceuta.
(ABC)
La resolución fundamenta la intervención de la Comisión Ejecutiva Federal en los Estatutos Federales y en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos. En particular, se cita el artículo 15 de los Estatutos Federales, que permite «corregir, suspender o dejar sin efecto actuaciones de los órganos del Partido que sean contrarias a los Estatutos o a las resoluciones de los órganos federales». Asimismo, este artículo contempla la «posibilidad de adoptar las medidas necesarias cuando la situación orgánica o política de un determinado ámbito territorial lo aconseje, especialmente con el objetivo de restaurar la normalidad».
También resulta relevante el artículo 234 del Reglamento Federal, referido a la relación entre los grupos socialistas y los órganos de dirección del Partido. Este establece que, cuando existan discrepancias sobre la posición política entre un grupo socialista de una corporación y la Comisión Ejecutiva correspondiente, estas deben ser resueltas por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior, quedando la Comisión Ejecutiva Federal como última instancia en caso de recurso. La CEF, en manos de Pedro Sánchez, está alineada con la dirección local que dirige el cuestionado delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano.
A partir de estos fundamentos, la Comisión Ejecutiva Federal considera justificada su intervención para «reconducir la situación política del PSOE en Ceuta y proteger tanto la imagen como los intereses del Partido y su compromiso de servicio a la ciudadanía», un compromiso con los ceutíes que muchos afiliados a nivel local ponen en cuestión tras la invasión.
Como consecuencia, adopta varias medidas concretas. La primera consiste en suspender la ejecución de los acuerdos adoptados por el Grupo Socialista el 13 de agosto relativos al cese y nombramiento de representantes en los consejos de administración de las empresas municipales.
En segundo lugar, se ordena a los integrantes del Grupo Socialista que adopten las acciones necesarias para impedir la ejecución de dichos acuerdos o, en caso de que ya se hubieran realizado, revertirlos. De este modo, debe mantenerse la representación del PSOE en los consejos de administración tal y como estaba configurada antes de la reunión del 13 de agosto.
Además, los integrantes del Grupo debían acreditar el cumplimiento de esta resolución antes del 19 de agosto, advirtiéndose de que su incumplimiento podría constituir una vulneración de los Estatutos Federales y generar responsabilidades disciplinarias.
Finalmente, la resolución establece hasta el 4 de septiembre como plazo para que las partes puedan remitir a la Comisión Ejecutiva Federal la documentación e informes que consideren oportunos para contribuir a la resolución definitiva del conflicto. La decisión debe ser comunicada formalmente a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta para que esta la traslade a los integrantes del Grupo Socialista en la Asamblea.
