El próximo 29 de agosto, Filmin traerá a las pantallas la segunda película de July Jung, directora surcoreana que, tras el éxito de ‘Un monstruo en mi puerta’, regresa con un drama judicial inspirado en hechos reales. ‘Justicia para Sohee’ revela … el rostro más cruel de la explotación juvenil en Corea del Sur. . La película tuvo su estreno en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, y la protagoniza una de las actrices surcoreanas más internacionales: Bae Doona (‘Broker’). La película es un grito contra el capitalismo salvaje y un recordatorio de que detrás de cada estadística laboral puede haber una vida rota.
Su historia nace a partir del suicidio de Hong Su-yeon en 2017, una estudiante de diecinueve años que fue sometida a condiciones laborales abusivas mientras hacía prácticas en un ‘call center’ de Jeonju. La empresa estaba subcontratada por la compañía KT, una de las grandes firmas de telecomunicaciones del país.
Allí, Su-yeon se encontró con una jornada de entre 8 y 12 horas diarias, turnos nocturnos, condiciones de vigilancia extrema y salarios inferiores a lo promedio. Según la investigación posterior, debía atender hasta 100 llamadas al día, muchas veces enfrentándose a clientes hostiles, sin contar con descansos adecuados ni apoyo psicológico.
La presión acabó minando su salud mental. En sus mensajes y diarios, dejó constancia que se sentía abandonada por el sistema educativo y empresarial. El 23 de enero de 2017, después de tres meses en el puesto, Su-yeon se quitó la vida. Su historia conmocionó a la sociedad coreana al poner de relieve un patrón de explotación estructural: estudiantes obligados a ocupar puestos precarios para cumplir con convenios de prácticas entre escuelas y empresas, con escasa supervisión gubernamental.
Cine como denuncia
La historia se articula en dos movimientos bien definidos. En la primera parte seguimos a Sohee (Kim Si-eun) en su descenso hacia el agotamiento emocional, mostrando cómo el sistema arrasa con su inocencia. En la segunda, la narración da un giro hacia el ‘thriller’ judicial: la atención se centra en la inspectora Yoo-jin (Bae Doona), quien investiga el caso tras la muerte de la joven. La actriz, con la que Jung ya había trabajado en ‘Un monstruo en mi puerta’, encarna a una mujer que busca respuestas y justicias en un entorno donde todos (escuelas, empresas, instituciones y medios de comunicación) sabían que algo estaba mal, pero decidían mirar hacia otro lado.
La propia directora explica que la chispa que encendió la película fue un reportaje televisivo sobre el caso real: «No entendía por qué una estudiante debía trabajar en esas condiciones ni por qué la escuela lo permitía», comenta Jung. «La prensa, las empresas, las instituciones… todos conocían el problema, pero nadie actuó. Sentí la necesidad de contar esta historia para que no se quedara en el olvido».
En su declaración, Jung también confiesa que la historia de Hong la persiguió durante años. «Me dolió profundamente pensar en su muerte, aunque fuese una desconocida. Tres años después, su recuerdo me seguía inflamando la garganta», alega. Fue precisamente por ese dolor por lo que decidió hacer el filme: «Mi deseo es que, aunque ella ya no esté, dentro de esta película siga viva y su nombre resuene en la memoria de muchos».
Más allá de Corea: un problema global
Aunque la cinta se centra en Corea del Sur, su denuncia no se queda dentro de sus fronteras; el trabajo precario juvenil, disfrazado de prácticas o formación profesional, es un fenómeno conocido en muchos países. El modelo de prácticas en España continúa siendo uno de los más precarios de Europa. Pese a que desde enero de 2024 todos los estudiantes en prácticas cotizan a la Seguridad Social, más de 1.5 millones de jóvenes han realizado prácticas sin recibir compensación económica. De acuerdo con la Comisión Europea, el 58% de los estudiantes en prácticas en España no reciben ninguna remuneración, y en caso de que se haya compensación económica, apenas cobran entre 50 y 300 euros mensuales, lo que perpetúa una sensación de explotación y desigualdad de oportunidades.
El fenómeno tiene una distribución territorial desigual: Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran la mayoría de los estudiantes en prácticas no remuneradas, con cifras que superan los 250.000 en algunas regiones, mientras que en provincias como Valladolid registran que uno de cada tres jóvenes pasó en 2024 por un contrato de prácticas sin sueldo. En Málaga, más de 27.000 estudiantes realizaron este tipo de prácticas el año pasado.
El debate no es nuevo: en 2018, un estudio realizado por Círculo Formación señalaba que el 90% de los jóvenes españoles consideraban que las prácticas deberían estar remuneradas, al menos de forma simbólica. En 2023, el Gobierno, junto con sindicatos como UGT, anuncio un acuerdo para un Estatuto del Becario, destinado a regular las condiciones, establecer compensaciones económicas y limitar el número de becarios en las empresas. Sin embargo, a mediados de 2025, este marco legislativo sigue sin aprobarse ni debatirse en el Parlamento. En redes sociales y foros como Reddit abundan testimonios de estudiantes que denuncian jornadas de 40 horas semanales cobrando menos del salario mínimo o incluso sin recibir nada, lo que hace que muchos dependan económicamente de sus familias para poder acceder a estas experiencias formativas, y en el peor de los casos, situaciones como las de Hong Su-yeon.