Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho uso de su última carta para evitar sentarse en el banquillo. El empresario espera la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a un recurso contra su procesamiento por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, una decisión que tomó en mayo la jueza que lo ha investigado durante un año y medio, la magistrada del juzgado 19 de instrucción, María Inmaculada Iglesias. La Fiscalía solicita para él una pena de 3 años y 9 meses de prisión.
El empresario, dueño de dos consultoras de calidad sanitaria, ha sido protagonista de este caso con trascendencia política desde que en marzo del año pasado la Fiscalía le denunció por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros. Amador también está siendo investigado en un segundo procedimiento, por un presunto soborno de medio millón de euros al ejecutivo del grupo sanitario Quirón que ha contratado a sus consultoras desde 2017.
La jueza Iglesias le procesó el 28 de mayo de este año por el primero de los dos procedimientos. El 21 de julio desestimó un primer recurso de Amador contra esa decisión y le respondió que existen indicios claros contra él. Le dio cinco días para presentar este recurso de apelación ante la Audiencia, que se ha conocido este miércoles, adelantado por varios medios y confirmado a EL PAÍS por fuentes judiciales.
La pareja de Ayuso alega que Iglesias no ha tenido en cuenta varias pruebas solicitadas, entre ellas la declaración de dos testigos y un informe pericial. Amador defiende que no tenía intención de defraudar cuando presentó 15 facturas consideradas como falsas por Hacienda, en las declaraciones del impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Sus abogados argumentan que el auto de procesamiento, dictado sin haber admitido ninguna de las diligencias de defensa requeridas por González Amador, supone una vulneración definitiva de sus derechos fundamentales.
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Además de Amador, están procesados cuatro empresarios que supuestamente colaboraron con Amador en la elaboración de esas facturas. Fuentes judiciales informan de que la sección tercera de la Audiencia Provincial tiene sobre la mesa un total de seis recursos de distinta naturaleza contra las decisiones de la jueza Iglesias. Los magistrados de esa sección aún no han señalado fecha de deliberación y fallo y probablemente la decisión no se conozca hasta dentro de unas semanas.
La jueza Iglesias abandonó en agosto el juzgado 19 tras su jubilación voluntaria. Fuentes judiciales informan de que una jueza sustituta voluntaria se ocupará de este órgano hasta que el Consejo General del Poder Judicial confirme si el magistrado Antonio Viejo, ganador de un concurso de traslados, toma el relevo de Iglesias.
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