El Distrito de Columbia ha presentado este jueves una demanda para detener el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump durante la intervención policial en Washington.
El fiscal general de la ciudad, Brian Schwalb, afirmó que los cientos de soldados desplegados constituyen esencialmente una “ocupación militar involuntaria”. Schwalb argumenta en la demanda federal que el despliegue, que coincide con una orden ejecutiva del 11 de agosto y que ahora involucra a más de 1000 soldados, es un uso ilegal del ejército para el cumplimiento de la ley nacional.
Un juez federal de California dictaminó recientemente que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles tras días de protestas por las redadas de inmigración en junio era ilegal.
La administración republicana está apelando esa decisión y Trump ha dicho que está dispuesto a ordenar la intervención federal en Chicago, Nueva Orleans y Baltimore, a pesar de la firme oposición de esas ciudades gobernadas por los demócratas.
Sin embargo, esa sentencia no se aplica directamente a Washington, donde el presidente tiene más control sobre la Guardia que en los estados.
Según un oficial de la Guardia Nacional citado por Associated Press, los miembros de la Guardia Nacional de Washington D. C. han visto prolongadas sus órdenes hasta diciembre. Aunque eso no significa necesariamente que todas esas tropas vayan a prestar servicio durante tanto tiempo, es un claro indicio de que su papel no va a terminar pronto.
Varios estados gobernados por el Partido Republicano han añadido tropas de la Guardia Nacional a las filas de los que patrullan las calles y barrios de la capital del país.
La demanda de Schwalb sostiene que el despliegue también viola la Ley de Autonomía Local, firmada por el presidente Richard Nixon en 1973, porque Trump actuó sin el consentimiento de la alcaldesa, Muriel Bowser (demócrata), y está afirmando erróneamente el control federal sobre unidades de otros estados.
El fiscal general de la ciudad, un cargo electo, es su máximo responsable legal y es independiente del fiscal federal de Washington, que es nombrado por el presidente.
La demanda es la segunda de Schwalb contra la Administración Trump desde que el presidente asumió el control sobre el departamento de policía de la ciudad y envió a la Guardia Nacional, medidas que han sido objeto de protestas por parte de algunos residentes.
Trump ha afirmado que la operación es necesaria para combatir la delincuencia en el distrito, y la alcaldesa Bowser ha señalado un fuerte descenso de delitos como los robos de coches desde que comenzó.
Los delitos violentos han sido un problema en la capital durante años, aunque los datos mostraban que estaban disminuyendo antes de la intervención de Trump.