Con la instrucción judicial tocando a su fin, la causa por el crimen de Lavadores afronta un capítulo peliagudo y complejo. La prisión de A Lama ha pedido la excarcelación del presunto homicida, Juan D.E., por razones humanitarias y médicas ya que padece una enfermedad pulmonar terminal. La cuestión no es de fácil solución. Este sexagenario privado de libertad por presuntamente matar a cuchilladas a su hermana Mari Carmen sufre, junto a dicho padecimiento físico, una esquizofrenia paranoide de la que no tiene «conciencia». Junto a vigilar que siga el tratamiento psiquiátrico para que no sea un peligro ni para sí mismo ni para los demás, el centro al que vaya tendrá que garantizar además, por su condición de investigado judicial, que no abandone la instalaciones. Es decir, actuar de garante de la especie de arresto domiciliario que deberá cumplir a la espera del juicio por el crimen.
A petición de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo envió un oficio a la Consellería de Política Social pidiendo su colaboración para la adjudicación urgente de una plaza en una residencia para este sexagenario. Pero la respuesta de la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria es que los recursos asistenciales que gestionan son para «personas mayores», no para pacientes del ámbito de la salud mental «de difícil compensación y control». A mayores, en el informe remitido a la jueza exponen que los centros con plazas públicas de atención residencial son de régimen abierto: «Por sus características y dotación de personal no pueden garantizar la custodia, contención o vigilancia permanente de determinados perfiles puesto que no están concebidos con ese propósito».
Recursos económicos
La solución que se baraja está ahora en manos de la FUNGA, la entidad que, al tiempo del crimen, tenía bajo su tutela al presunto homicida, quien, cuando acabó con la vida de su hermana, llevaba meses sin tomar la medicación. El mismo informe de la Xunta refiere que dicha entidad, «tras el oportuno análisis y teniendo conocimiento de los recursos económicos de la persona», va a gestionar una plaza privada urgente en un centro «ajustado a la situación sociosanitaria» del reo «en coordinación» con A Lama.
La magistrada, en una providencia de agosto notificada esta semana, avanza que el juzgado queda ahora «a la espera» de que se gestione el traslado a un centro privado. A la espera de cómo se resuelve, y si hay recursos asistenciales en Galicia que se ajusten a lo que se plantea en este caso, ayer el comité de empresa de la Consellería de Política Social en Pontevedra emitió un comunicado mostrando su «rotunda oposición» al ingreso de enfermos psiquiátricos graves en centros residenciales de mayores dependientes, por los graves riesgos y el «miedo e inseguridad» que supone para usuarios y trabajadores. Máxime si son responsables de «delitos tan graves» como puede ser el de homicidio.
«Debe quedar donde está»
Una medida que estos trabajadores piden a la Xunta es crear centros especializados en la atención a personas con «patologías psiquiátricas graves» fuera de las residencias de mayores, que no tienen profesionales cualificados para ello. Los propios hermanos e hijos de la víctima del crimen de Lavadores se opusieron ya formalmente a la excarcelación de Juan D.E., alertando del riesgo de reiteración delictiva. «Debe quedar donde está», insiste Javier, hijo de Mari Carmen. «¿Qué residencia privada aceptará a una persona con estos antecedentes? ¿A quién le gustaría que un familiar suyo estuviese expuesto a alguien así?», añade, argumentando que una residencia tampoco es solución ya que, como la cárcel, carece de medios hospitalarios para tratar la enfermedad física terminal. «El resumen es que esta patata caliente no la quiere nadie», concluye.
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