UGT y UGT-SP denuncian que la presi\u00f3n que est\u00e1n recibiendo las personas trabajadoras de los centros municipales de atenci\u00f3n primaria encargados de atender a mujeres embarazadas, y a quienes el Ayuntamiento de Madrid pretende obligar a informar a las usuarias sobre el supuesto s\u00edndrome posaborto, atenta contra la pr\u00e1ctica deontol\u00f3gica<\/p>\n
Esta medida, propuesta por Vox y apoyada por el Partido Popular, y que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, fue aprobada en el pleno municipal de Madrid el pasado 2 de octubre, y plantea que todas las mujeres que muestren intenci\u00f3n de abortar, sean informadas obligatoriamente de la existencia de este supuesto s\u00edndrome posaborto, el cual -seg\u00fan ellos-puede causarles depresi\u00f3n, aislamiento, \u00a0insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, hemorragias internas, infecciones, esterilidad, muertes posteriores, aumento de c\u00e1nceres del aparato reproductivo, etc.<\/p>\n
Pretender que las personas que atienden a mujeres embarazadas en espacios municipales \u2013 como Madrid Salud, Samur Social, los futuros centros integrales de atenci\u00f3n a la mujer (CIAM), y los servicios sociales-, informen a las usuarias sobre una \u201cte\u00f3rica\u201d dolencia que carece de toda evidencia cient\u00edfica, supone la vulneraci\u00f3n de los derechos de las personas trabajadoras a la vez que \u201ccriminaliza el derecho al aborto y estigmatiza a las mujeres en un acto de violencia institucional\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s del personal sanitario, gran parte de estos profesionales son trabajadoras y trabajadores sociales, por lo que el Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid ya se ha pronunciado en un comunicado en contra de la iniciativa. En dicho comunicado recuerda que la labor de estos profesionales consiste en cumplir la ley y acompa\u00f1ar a las mujeres en sus decisiones, no en mentirles sobre un supuesto s\u00edndrome posaborto que no existe como diagn\u00f3stico cl\u00ednico.<\/p>\n
Desde UGT consideramos que la medida propuesta por el Consistorio es una coacci\u00f3n que atenta contra los principios \u00e9ticos de las y los profesionales, a la vez que vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva y, por tanto, sobre su derecho a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo. Adem\u00e1s, las infantiliza al considerar en todo momento que no tienen capacidad para informarse y decidir por ellas mismas, necesitando la tutela de alguien que \u201csabe lo que les conviene\u201d, culpabiliz\u00e1ndolas y criminaliz\u00e1ndolas por tomar sus propias decisiones.<\/p>\n
Las y los profesionales sanitarios est\u00e1n comprometidos a cumplir las leyes (la ley en vigor sobre interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (IVE) cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional) y a ofrecer a las mujeres una informaci\u00f3n respetuosa, veraz, imparcial y basada en la evidencia cient\u00edfica. \u00a0Y tambi\u00e9n a ofrecer apoyo psicosocial a aquellas mujeres que pueden presentar alg\u00fan malestar emocional tras haber pasado por una interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo. \u00a0Y, en todo caso, aquellos profesionales que por falta de conocimiento y sesgo ideol\u00f3gico mientan e informen a las mujeres de riesgos de la IVE como los que se se\u00f1alan en la Proposici\u00f3n, sin ninguna base cient\u00edfica (y contrariando la actual ley), no deben atender a estas mujeres.<\/p>\n
Recordemos que se est\u00e1 usurpando a las mujeres un derecho que fue reconocido hace 40 a\u00f1os con la aprobaci\u00f3n de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Org\u00e1nica 2\/2010, y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad p\u00fablica.<\/p>\n
Los poderes p\u00fablicos tienen la obligaci\u00f3n de cumplir con las leyes y garantizar los mecanismos que sean necesarios para que la ciudadan\u00eda pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. Pero en ning\u00fan caso deben instrumentalizarse los servicios p\u00fablicos para difundir bulos sobre asuntos que afectan a la salud y que pueden poner en peligro a las mujeres, como hace esta Proposici\u00f3n de Vox y PP totalmente populista, partidista y anticient\u00edfica.<\/p>\n
Precisamente la Comunidad de Madrid, es una de las autonom\u00edas que expulsa con mayor frecuencia a estas mujeres de la atenci\u00f3n p\u00fablica, oblig\u00e1ndolas a irse a otras comunidades o a cl\u00ednicas privadas, con el sufrimiento y coste a\u00f1adido que suponen estos traslados. Una situaci\u00f3n que podr\u00eda evitarse si los responsables p\u00fablicos cumpliesen con la ley.
Seg\u00fan datos del Ministerio de Sanidad en 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en Espa\u00f1a, aumentando un 2,98% respecto a 2023 donde se practicaron 20.574 en la Comunidad de Madrid, de las cuales 17.795 fueron mujeres residentes en la regi\u00f3n. \u00a0Cabe se\u00f1alar que, aunque la mayor\u00eda de las mujeres fueron informadas en centros p\u00fablicos, en la Comunidad de Madrid el 99,53% de las interrupciones voluntarias se realizaron en centros privados, y \u00fanicamente un 0,47% se hicieron en un centro p\u00fablico.<\/p>\n
Esto obedece a la falta de recursos p\u00fablicos por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, demostrando un desprecio absoluto por la protecci\u00f3n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el acceso seguro y en condiciones de igualdad a la atenci\u00f3n sanitaria. De hecho, a lo largo de todas estas d\u00e9cadas en el poder, el Partido Popular se ha encargado de desmantelar sistem\u00e1ticamente la estructura de planificaci\u00f3n familiar creada en los a\u00f1os 80 por profesionales de la sanidad y cuyo objetivo era promover los derechos sexuales y reproductivos, desde los servicios p\u00fablicos en la regi\u00f3n.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"UGT y UGT-SP denuncian que la presi\u00f3n que est\u00e1n recibiendo las personas trabajadoras de los centros municipales de…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":156166,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[17,18,29520,25,24,13,14,11,46742,19,20,9,10,15,16,23,12,14207,21,22],"class_list":{"0":"post-156165","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-espana","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-centros-sociales","11":"tag-es","12":"tag-espana","13":"tag-featured-news","14":"tag-featurednews","15":"tag-headlines","16":"tag-interrupcion-embarazo","17":"tag-latest-news","18":"tag-latestnews","19":"tag-news","20":"tag-noticias","21":"tag-noticias-destacadas","22":"tag-noticiasdestacadas","23":"tag-spain","24":"tag-titulares","25":"tag-ugt","26":"tag-ultimas-noticias","27":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/156165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=156165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/156165\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/156166"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=156165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=156165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=156165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}