M\u00e1s de 1.500 personas han muerto o desaparecido en lo que va de a\u00f1o en aguas del Mediterr\u00e1neo central mientras intentaban alcanzar las costas europeas, seg\u00fan ha informado este mi\u00e9rcoles la Organizaci\u00f3n Internacional de las Migraciones (OIM). El hundimiento de una embarcaci\u00f3n frente a las costas de Libia la semana pasada, en la que 40 de sus ocupantes desaparecieron, ha sido el \u00faltimo suceso que ha contribuido a alcanzar la tr\u00e1gica cifra de v\u00edctimas (1.548 a 8 de noviembre, la \u00faltima actualizaci\u00f3n). <\/p>\n
En total, m\u00e1s de 33.000 migrantes han perdido la vida en similares circunstancias en el Mediterr\u00e1neo desde 2014, a\u00f1o en que la OIM comenz\u00f3 este conteo. Mientras, las ONG de salvamento mar\u00edtimo denuncian estar sometidas a una criminalizaci\u00f3n cada vez mayor por parte de la UE y de varios Estados miembros.<\/p>\n
Si bien el dato es algo inferior al registrado en el mismo periodo del a\u00f1o anterior (2.093, a 12 de noviembre de 2024), la OIM ha subrayado en un comunicado la \u201curgente necesidad de una cooperaci\u00f3n regional fortalecida, una expansi\u00f3n de los caminos seguros y regulares para la migraci\u00f3n y unas operaciones de b\u00fasqueda y rescate m\u00e1s efectivas para evitar una mayor p\u00e9rdida de vidas\u201d. <\/p>\n
De forma paralela, en los 10 primeros meses de este a\u00f1o, la UE registr\u00f3 152.000 entradas irregulares, un descenso del 22% con respecto al mismo periodo de 2024, seg\u00fan la Agencia europea de vigilancia de fronteras (Frontex). La ruta del Mediterr\u00e1neo central sigue siendo la m\u00e1s transitada: dos de cada cinco entradas irregulares se produjeron all\u00ed.<\/p>\n
Las ONG de b\u00fasqueda y salvamento humanitario viven horas bajas a causa de la creciente criminalizaci\u00f3n de sus operaciones<\/a> mediante leyes de control migratorio que dificultan enormemente su labor. Los gobiernos de pa\u00edses como Italia y Malta, partidos pol\u00edticos de extrema derecha europeos y medios de comunicaci\u00f3n de la misma ideolog\u00eda los acusan sin fundamento de favorecer la inmigraci\u00f3n irregular. <\/p>\n Una de las normas m\u00e1s controvertidas es la nueva versi\u00f3n de la directiva que penaliza la facilitaci\u00f3n de la migraci\u00f3n irregular<\/a> y que est\u00e1 pendiente de negociarse en el Parlamento Europeo. Seg\u00fan sus detractores, esta deja en manos de cada pa\u00eds la decisi\u00f3n de medir con el mismo rasero a los socorristas de un barco de salvamento humanitario, al pasajero de un cayuco<\/a> que est\u00e9 sentado cerca del tim\u00f3n, o dirigi\u00e9ndolo, y al aut\u00e9ntico contrabandista de una red de tr\u00e1fico de personas que se lucra con ello. <\/p>\n Las organizaciones de defensa de derechos humanos llevan dos d\u00e9cadas pidiendo que la norma se modifique para incluir una cl\u00e1usula humanitaria. Sin embargo, el nuevo texto no cumple con estos llamamientos, sino que apunta a\u00fan m\u00e1s a una criminalizaci\u00f3n de los actos de solidaridad.<\/p>\n 175.000 vidas salvadas <\/p>\n Este extremo fue denunciado recientemente en un evento organizado por el grupo parlamentario de La Izquierda en Bruselas para reclamar un cambio pol\u00edtico y conmemorar los 10 a\u00f1os de trabajo de estas organizaciones, un tiempo en el que afirman haber salvado 175.000 vidas. Seg\u00fan Cecilia Strada, una de las eurodiputadas que organiz\u00f3 el acto, la flota civil \u201cest\u00e1 llenando un vac\u00edo que han generado los pol\u00edticos\u201d. \u201cNo deber\u00eda ser necesaria la existencia de una flota civil, pero lo es y cada vez es mayor\u201d, reclam\u00f3.<\/p>\n A mediados de octubre, Strada y las tambi\u00e9n eurodiputadas del grupo La Izquierda Tinneke Strik y Estrella Gal\u00e1n presentaron una propuesta a los presupuestos de la UE<\/a> para 2026: una partida de 240 millones de euros anuales para la puesta en marcha el llamado Mare Solidale, un programa de b\u00fasqueda y rescate propuesto por la UE y dise\u00f1ado para salvar vidas en el Mediterr\u00e1neo.<\/p>\n No solo Bruselas legisla en este sentido. Italia es el Estado europeo que m\u00e1s ha restringido la actividad de las ONG de salvamento humanitario, con una bater\u00eda de normas en vigor desde enero de 2023 y recogidas en el decreto Piantedosi<\/a> \u2014apellido del ministro del Interior italiano en aquel momento\u2014. Esta norma exige que las ONG no rescaten sin permiso previo de las autoridades, solo puedan efectuar una operaci\u00f3n cada vez y solo puedan ir al puerto que se les asigne, que no siempre es el m\u00e1s cercano. Es m\u00e1s, suele estar muy alejado, en ciudades del norte de Italia, lo que obliga a las embarcaciones a invertir una cantidad innecesaria de tiempo y presupuesto \u2014para combustible, por ejemplo\u2014 y pone en riesgo las vidas de los rescatados, que en ocasiones necesitan una atenci\u00f3n m\u00e9dica que no pueden recibir hasta llegar a tierra firme. El incumplimiento de estas medidas puede acarrear la retenci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de los barcos, y multas de hasta 30.000 euros a las organizaciones.<\/p>\n M\u00e9dicos Sin Fronteras, una de las ONG con mayor presencia en el Mediterr\u00e1neo, ha sido una de las m\u00e1s perjudicadas por este decreto, hasta el punto de que la organizaci\u00f3n tuvo que suspender definitivamente sus actividades con su barco, el Geo Barents. Este mi\u00e9rcoles, no obstante, ha anunciado su regreso al mar con otro buque, el Oyvon, que operaba como barco ambulancia en Noruega y ha sido adaptado y equipado en Valencia. Fulvia Conte, coordinadora de los equipos de salvamento de la organizaci\u00f3n, ha reclamado una mayor coordinaci\u00f3n entre los pa\u00edses con costa para salvar vidas. \u201cLos Estados costeros, en lugar de garantizar las operaciones de b\u00fasqueda y rescate, como ser\u00eda su deber, no solo no sostienen y no responden a las necesidades de socorro que la gente lanza, sino que apoyan un sistema de control fronterizo y de obstrucci\u00f3n de los que ayudan a esas personas\u201d, ha declarado.<\/p>\n La violencia de Libia<\/p>\n Las organizaciones tambi\u00e9n han denunciado un aumento de los ataques violentos en aguas internacionales por parte de la Guardia Costera de Libia contra los migrantes y los propios buques de salvamento. Como el ocurrido el pasado agosto, cuando una patrullera del pa\u00eds norteafricano abri\u00f3 fuego contra el Ocean Viking<\/a>, un barco de rescate operado por la ONG SOS Mediterran\u00e9e. La embarcaci\u00f3n desde la que se dispar\u00f3 a los cooperantes hab\u00eda sido donada por Italia a trav\u00e9s de un programa de gesti\u00f3n de la migraci\u00f3n financiado por la UE. <\/p>\n Libia es quiz\u00e1 el mayor escollo en el camino de quienes emprenden su viaje a Europa. El pa\u00eds, un Estado fallido donde se han documentado innumerables torturas, abusos y detenciones ilegales contra la poblaci\u00f3n migrante, as\u00ed como numerosas devoluciones en caliente de los pasajeros de embarcaciones que ya estaban en aguas internacionales y fueron capturados y conducidos de vuelta al pa\u00eds norteafricano. Entre 2017 y 2022, al menos 82.000 migrantes fueron interceptados y devueltos a Libia, seg\u00fan Amnist\u00eda Internacional<\/a>.<\/p>\n