La jueza de la DANA, N\u00faria Ruiz Tobarra, investiga tambi\u00e9n la muerte de ocho residentes en las viviendas tuteladas gestionadas por la Generalitat Valenciana en la localidad de Picanya<\/b>, seg\u00fan una providencia notificada el viernes a las partes a la que ha tenido acceso laSexta.<\/p>\n
En el escrito, la magistrada reclama a la Conselleria de Servicios Sociales y Instituto Valenciano de Vivienda documentaci\u00f3n sobre las decisiones que adoptaron aquel d\u00eda y que impidieron poner a salvo a las ocho v\u00edctimas mortales<\/b> en dichas casas.<\/p>\n
Esta decisi\u00f3n ha sido tomada despu\u00e9s de la solicitud de la defensa de una familiar de las ocho v\u00edctimas y, tras la cual, ambas entidades tendr\u00e1n que aclarar al juzgado en el plazo de tres d\u00edas \u00absi los residentes en las viviendas para mayores recib\u00edan prestaciones asistenciales, y en su caso, de qu\u00e9 tipo, con qu\u00e9 periodicidad, si estaban sometidas a alg\u00fan tipo de contraprestaci\u00f3n, y si la eventual asistencia a los residentes iba acompa\u00f1ada de dispositivos de teleasistencia\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se ha requerido al centro de d\u00eda situado junto a las dichas viviendas que informe, en el mismo plazo, \u00absi los residentes o usuarios de dicho Centro de d\u00eda fueron desalojados<\/b> y, en su caso, de qu\u00e9 informaci\u00f3n dispon\u00edan para haber procedido a dicho desalojo\u00bb.<\/p>\n
Las v\u00edctimas todas eran personas de avanzada edad (entre 78 y 98 a\u00f1os), pero todav\u00eda eran autosuficientes para vivir de manera independiente.<\/p>\n