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CSIF, ANPE, CCOO y UGT rechazan el Proyecto de decreto que regula la atenci\u00f3n educativa en centros de Zonas con Necesidades de Transformaci\u00f3n Social y las actuaciones dirigidas al alumnado en situaci\u00f3n o riesgo de vulnerabilidad. Las cuatro organizaciones sindicales \u00a0han presentado una enmienda a la totalidad en el Consejo Escolar de Andaluc\u00eda por segunda vez, tras haber defendido previamente sus argumentos en la Comisi\u00f3n Permanente de este \u00f3rgano, y despu\u00e9s de que el documento haya pasado tambi\u00e9n por Mesa Sectorial.<\/p>\n
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Los sindicatos se\u00f1alan que este proyecto ha sido largamente debatido y analizado con la Administraci\u00f3n educativa andaluza; sin embargo, critican que en la recta final de su tramitaci\u00f3n, en la \u00faltima Mesa Sectorial celebrada el 21 de noviembre, as\u00ed como en la Comisi\u00f3n permanente del Consejo Escolar de Andaluc\u00eda, la Consejer\u00eda ha adoptado una posici\u00f3n inflexible, manteniendo el texto sin incorporar modificaciones de calado y trasladando decisiones pr\u00e1cticamente cerradas con la oposici\u00f3n sindical. \u00a0Adem\u00e1s, denuncian imposiciones y una falta de transparencia en los datos esenciales solicitados sobre el n\u00famero de centros, informaci\u00f3n imprescindible para valorar el impacto del decreto y negociar con garant\u00edas.<\/p>\n
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En primer lugar, CSIF, ANPE, CCOO y UGT sostienen que el decreto debe retirarse\u00a0 por su modelo de financiaci\u00f3n. Consideran inaceptable que una norma que pretende intervenir en centros de alta complejidad se apoye en fondos europeos de car\u00e1cter temporal, como el FSE+, y, adem\u00e1s, quede supeditada a la disponibilidad presupuestaria, tal como recoge la Disposici\u00f3n Adicional Primera. A juicio de las organizaciones, esta arquitectura financiera impide consolidar medidas eficaces y sostenidas en el tiempo y convierte el decreto en un texto sin garant\u00edas reales, abocado a quedarse en \u201cpapel mojado\u201d.<\/p>\n
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A esta debilidad estructural se suma, seg\u00fan los sindicatos, una redacci\u00f3n que introduce inseguridad jur\u00eddica y no blinda los medios humanos y materiales necesarios para que las actuaciones tengan impacto. Las organizaciones insisten en que atender la vulnerabilidad educativa exige recursos estructurales y consolidados as\u00ed como una adecuada planificaci\u00f3n, no instrumentos normativos dependientes de convocatorias y disponibilidades anuales.<\/p>\n
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Entre los puntos m\u00e1s cr\u00edticos, CSIF, ANPE, CCOO y UGT rechazan el sistema previsto para determinar los centros incluidos, al basarse en un listado anual de centros \u201cde dif\u00edcil desempe\u00f1o\u201d que pueden introducirse de forma unilateral y variar cada curso. Esta posibilidad, advierten, rompe la estabilidad de los proyectos educativos, dificulta la consolidaci\u00f3n de n\u00famero de efectivos espec\u00edficos y a\u00f1ade incertidumbre, precisamente para la atenci\u00f3n del alumnado m\u00e1s vulnerable. Reclaman transparencia en la cuantificaci\u00f3n de los centros a los que afecta los criterios establecidos, as\u00ed como procedimientos con garant\u00edas y participaci\u00f3n.<\/p>\n
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Tambi\u00e9n muestran su oposici\u00f3n al art\u00edculo que permite nombramientos anuales de miembros del equipo directivo en comisi\u00f3n de servicios. Entienden que esta f\u00f3rmula afectar\u00e1 a los procedimientos de movilidad del profesorado al reducir un significativo n\u00famero de vacantes en estos y perjudica, adem\u00e1s, la igualdad de oportunidades y la movilidad del profesorado.<\/p>\n
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Asimismo, alertan de incoherencias internas del propio texto, como exigir permanencia consecutiva para determinados incentivos mientras la norma permite que la condici\u00f3n del centro cambie de un a\u00f1o para otro, lo que podr\u00eda interrumpir esa consecutividad por causas ajenas al profesorado y vaciar de sentido el incentivo.<\/p>\n
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Por todo ello, CSIF, ANPE, CCOO y UGT exigen la retirada del proyecto y la apertura de una negociaci\u00f3n real que permita acordar un marco estable, evaluable y dotado. Reclaman una memoria econ\u00f3mica completa y un compromiso presupuestario plurianual que garantice refuerzos de plantilla, recursos especializados y continuidad de los programas.<\/p>\n
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CSIF, ANPE, CCOO y UGT subrayan que el objetivo de mejorar la equidad en los centros m\u00e1s complejos es irrenunciable, pero advierten de que sin recursos estables y sin una negociaci\u00f3n real, con imposiciones, y\u00a0 sin transparencia, \u00a0el decreto se quedar\u00e1 en titulares. Si la Consejer\u00eda no da marcha atr\u00e1s, las organizaciones anuncian que impulsar\u00e1n un calendario de movilizaciones para exigir una norma \u00fatil, negociada, transparente y con financiaci\u00f3n garantizada.<\/p>\n
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12 de diciembre de 2025.<\/p>\n
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