\u00bfPor qu\u00e9 el derecho internacional excluye el genocidio pol\u00edtico?<\/b><\/p>\n
La exclusi\u00f3n de los grupos pol\u00edticos del concepto internacional de genocidio no se debe a una menor gravedad de su exterminio, sino a un compromiso pol\u00edtico alcanzado en 1948. Como explica William A. Schabas en\u00a0The Crime of Crimes<\/a>, durante los trabajos preparatorios de la Convenci\u00f3n contra el Genocidio surgi\u00f3 una controversia profunda sobre la inclusi\u00f3n de los grupos pol\u00edticos.<\/p>\n El argumento dominante para su exclusi\u00f3n fue que los grupos pol\u00edticos carecen de la estabilidad y la permanencia de los grupos nacionales, \u00e9tnicos, raciales o religiosos. En t\u00e9rminos simples, se sostuvo que una persona puede cambiar de ideolog\u00eda pol\u00edtica, pero no de raza. Sin embargo, detr\u00e1s de este razonamiento formal subyac\u00eda un temor pol\u00edtico evidente: que los Estados fueran acusados internacionalmente por la represi\u00f3n violenta de opositores pol\u00edticos.<\/p>\n La delegaci\u00f3n venezolana lo expres\u00f3 con claridad al advertir que la inclusi\u00f3n de los grupos pol\u00edticos podr\u00eda poner en riesgo la ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n, al permitir que gobiernos fueran llevados ante tribunales internacionales por acusaciones relacionadas con la represi\u00f3n interna. En el contexto de la Guerra Fr\u00eda incipiente, ni los estados capitalistas ni los socialistas estaban dispuestos a asumir ese riesgo.<\/p>\n Legalidad, doble calificaci\u00f3n y el papel de la JEP<\/b><\/p>\n La coexistencia de estas dos definiciones plantea una tensi\u00f3n evidente para la JEP, ya identificada por la doctrina, como mencionan los profesores Cote y Ambos<\/a>. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional \u2014en particular la sentencia C-080 de 2018\u2014, la Jurisdicci\u00f3n puede aplicar tanto el C\u00f3digo Penal colombiano como las normas del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional aplicables al conflicto armado.<\/p>\n El problema surge al constatar que el C\u00f3digo Penal, que incluye a los grupos pol\u00edticos entre las v\u00edctimas de genocidio, entr\u00f3 en vigencia en 2001, mientras que la mayor\u00eda de los hechos identificados por la JEP ocurrieron entre 1984 y 2007. Una lectura estricta del principio de legalidad conducir\u00eda a descartar la aplicaci\u00f3n del tipo penal interno por no ser una ley preexistente a los hechos.<\/p>\n Sin embargo, la JEP adopta una interpretaci\u00f3n m\u00e1s compleja. Reconoce que, aunque el genocidio contra grupos pol\u00edticos no estaba tipificado en el momento en que se produjo el genocidio contra UP, las conductas cometidas ya constitu\u00edan cr\u00edmenes internacionales, en particular cr\u00edmenes de lesa humanidad. Esta interpretaci\u00f3n se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso\u00a0Had\u017eihasanovi\u0107<\/a>, donde se sostuvo que no hay violaci\u00f3n del principio de legalidad si la conducta era penalmente reprochable y previsible en el momento de su comisi\u00f3n, incluso si su calificaci\u00f3n jur\u00eddica posterior es distinta.<\/p>\n Nombrar para reparar: el principio de\u00a0fair labelling<\/b><\/p>\n El elemento central de la decisi\u00f3n de la JEP no es solo t\u00e9cnico, sino tambi\u00e9n profundamente normativo. El Acto Legislativo 01 de 2017 establece que la calificaci\u00f3n jur\u00eddica por la JEP debe realizarse con la aplicaci\u00f3n obligatoria del principio de favorabilidad. Una lectura aislada podr\u00eda sugerir que debe elegirse el tipo penal m\u00e1s benigno para el compareciente. Sin embargo, la JEP sostiene que este principio debe armonizarse con otros mandatos superiores: los derechos de las v\u00edctimas; la obligaci\u00f3n internacional de investigar, juzgar y sancionar los cr\u00edmenes m\u00e1s graves, as\u00ed como las normas de\u00a0ius cogens (derecho consuetudinario).<\/p>\n En este contexto, la JEP recurre al principio de\u00a0fair labelling, o etiquetamiento justo. Este principio exige que los cr\u00edmenes m\u00e1s graves se denominen de manera acorde con su verdadera naturaleza y gravedad. No se trata \u00fanicamente de sancionar conductas, sino de reconocer el da\u00f1o causado a los valores sociales y democr\u00e1ticos comprometidos.<\/p>\n Nombrar los cr\u00edmenes contra la UP como genocidio no incrementa la pena, pero s\u00ed transforma el significado jur\u00eddico, pol\u00edtico y moral de lo ocurrido. Cualquier otra calificaci\u00f3n \u2014como cr\u00edmenes de lesa humanidad\u2014 resultar\u00eda insuficiente para expresar que la violencia tuvo como objetivo destruir a un grupo pol\u00edtico como tal y, con ello, una posibilidad concreta de pluralismo democr\u00e1tico.<\/p>\n Conclusi\u00f3n: el valor democr\u00e1tico de nombrar<\/b><\/p>\n Al calificar de genocidio la violencia ejercida contra la UP, la JEP no reescribe el derecho internacional ni desconoce sus l\u00edmites. Lo que hace es reivindicar la capacidad del derecho interno para responder a su propia historia, asumiendo que, en contextos de violencia pol\u00edtica masiva, la neutralidad conceptual puede convertirse en una forma de negaci\u00f3n.<\/p>\n La decisi\u00f3n no est\u00e1 exenta de tensiones jur\u00eddicas, pero conlleva un costo necesario: reconocer que destruir un partido pol\u00edtico mediante violencia sistem\u00e1tica no es solo una sucesi\u00f3n de homicidios, sino un ataque frontal contra la democracia y la humanidad misma. En ese sentido, el mayor aporte del Auto 010 no es \u00fanicamente penal, sino democr\u00e1tico: recordar que nombrar el genocidio pol\u00edtico tambi\u00e9n es una forma de reparar, de preservar la memoria y de afirmar que la eliminaci\u00f3n violenta de la oposici\u00f3n nunca puede ser normalizada en un Estado constitucional.<\/p>\n