La financiaci\u00f3n auton\u00f3mica es uno de los pilares de los Estados descentralizados, como es el caso de Espa\u00f1a. De ella dependen servicios p\u00fablicos esenciales como la sanidad, la educaci\u00f3n o los servicios sociales, y su dise\u00f1o condiciona tanto la capacidad de gasto de los gobiernos auton\u00f3micos como los incentivos fiscales a los que se enfrentan. Sin embargo, el sistema de financiaci\u00f3n auton\u00f3mica espa\u00f1ol acumula a\u00f1os de cr\u00edticas y funciona, en la pr\u00e1ctica, con un modelo caducado y prorrogado.<\/p>\n
El Gobierno acaba de presentar ante el Consejo de Pol\u00edtica Fiscal y Financiera<\/a>, el principal \u00f3rgano de coordinaci\u00f3n fiscal entre el Estado y las comunidades, una nueva propuesta de financiaci\u00f3n auton\u00f3mica<\/a>.<\/p>\n El contenido de la propuesta<\/p>\n La propuesta presentada por la ministra de Hacienda, Mar\u00eda Jes\u00fas Montero, plantea una amplia reforma del sistema de financiaci\u00f3n auton\u00f3mica con el objetivo de aumentar los recursos del conjunto del sistema y reducir las diferencias de financiaci\u00f3n entre comunidades. <\/p>\n Seg\u00fan las estimaciones del propio ministerio, el nuevo modelo permitir\u00eda que las comunidades dispusieran en 2027 de cerca de 21\u00a0000 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente. No obstante, que la iniciativa no surja de un acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Pol\u00edtica Fiscal y Financiera, sino de reuniones bilaterales entre el Gobierno y Esquerra Republicana<\/a>, puede dificultar la construcci\u00f3n de un consenso auton\u00f3mico amplio.<\/p>\n Poblaci\u00f3n ajustada<\/p>\n El punto de partida del dise\u00f1o es una revisi\u00f3n del criterio de poblaci\u00f3n ajustada<\/a>, que es el mecanismo central para repartir los recursos entre territorios. Se calcula a partir del padr\u00f3n a 1 de enero de cada a\u00f1o y pondera los criterios establecidos por ley (demogr\u00e1ficos y geogr\u00e1ficos como envejecimiento, dispersi\u00f3n geogr\u00e1fica o insularidad) para definir la necesidad de gasto de cada comunidad.<\/p>\n La propuesta hace m\u00e1s espec\u00edficas las variables ya existentes y a\u00f1ade otras nuevas (estructura por edades, gasto sanitario y educativo, envejecimiento, dispersi\u00f3n territorial, insularidad, costes fijos asociados a la baja densidad de poblaci\u00f3n\u2026) para fijar mejor las necesidades reales de gasto de cada comunidad. <\/p>\n La l\u00f3gica es que las comunidades con mayores costes estructurales reciban m\u00e1s recursos por habitante. Con todo, la reforma se centra en redefinir variables y ponderaciones y deja en segundo plano otras posibles modificaciones, como la vinculaci\u00f3n expl\u00edcita entre el patr\u00f3n efectivo de gasto de cada comunidad y la f\u00f3rmula de poblaci\u00f3n ajustada.<\/p>\n Cesi\u00f3n de tributos<\/p>\n Junto a esta revisi\u00f3n del reparto, el ministerio propone una mayor cesi\u00f3n a las comunidades aut\u00f3nomas de los impuestos estatales (IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, entre otros), cuya gesti\u00f3n y recaudaci\u00f3n corresponde a la Agencia Tributaria. <\/p>\n La cesi\u00f3n del IRPF pasa del 50 al 55\u00a0% y la del IVA del 50 al 56,5\u00a0%. Este refuerzo de la cesi\u00f3n tributaria podr\u00eda suponer hasta 16\u00a0000 millones de euros adicionales y se presenta como un avance en autonom\u00eda y corresponsabilidad fiscal.<\/p>\n Solidaridad interterritorial<\/p>\n La solidaridad interterritorial qued\u00f3 contemplada en el art\u00edculo 138 de la Constituci\u00f3n<\/a> espa\u00f1ola: <\/p>\n El Estado garantiza la realizaci\u00f3n efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n, velando por el establecimiento de un equilibrio econ\u00f3mico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio espa\u00f1ol, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.<\/p>\n<\/li>\n Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Aut\u00f3nomas no podr\u00e1n implicar, en ning\u00fan caso, privilegios econ\u00f3micos o sociales.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/blockquote>\n El nuevo modelo de financiaci\u00f3n se completa con un doble mecanismo de solidaridad interterritorial<\/a>:<\/p>\n Una nivelaci\u00f3n horizontal entre comunidades, que refuerza la redistribuci\u00f3n entre territorios con distinta capacidad tributaria. <\/p>\n<\/li>\n Una nivelaci\u00f3n vertical, financiada por el Estado y con una aportaci\u00f3n estimada en unos 19\u00a0000 millones de euros, orientada a reducir de forma m\u00e1s intensa las diferencias de financiaci\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Otras consideraciones<\/p>\n El Gobierno tambi\u00e9n propone a las comunidades, con car\u00e1cter voluntario, un mecanismo para que puedan recibir parte del IVA generado por las pymes en su territorio y la creaci\u00f3n de un fondo clim\u00e1tico. En cualquier caso, una cl\u00e1usula de garant\u00eda (\u201cgarant\u00eda de statu quo\u201d) va a asegurar que ninguna comunidad reciba menos recursos en el arranque del nuevo sistema que los que recibe ahora con el modelo actual.<\/p>\n Se plantea adem\u00e1s desplegar un nuevo modelo de gesti\u00f3n en red del sistema impositivo entre la AEAT y las haciendas auton\u00f3micas con el objetivo de que \u201ccada administraci\u00f3n auton\u00f3mica asuma m\u00e1s competencias en la gesti\u00f3n de impuestos cedidos, en coordinaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n Estatal\u201d.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 resuelve la propuesta?<\/p>\n La propuesta del ministerio de Hacienda incorpora algunos elementos que pueden considerarse avances respecto al debate reciente sobre financiaci\u00f3n auton\u00f3mica:<\/p>\n Se aleja de una soluci\u00f3n de financiaci\u00f3n singular para Catalu\u00f1a<\/a> y plantea una reforma aplicable, al menos en su dise\u00f1o formal, al conjunto de las comunidades de r\u00e9gimen com\u00fan. <\/p>\n<\/li>\n Simplifica parcialmente la arquitectura del sistema al eliminar los fondos de convergencia auton\u00f3mica y concentrar los mecanismos de redistribuci\u00f3n en esquemas m\u00e1s expl\u00edcitos de nivelaci\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n Vuelve a situar en el centro del debate la revisi\u00f3n de la f\u00f3rmula de poblaci\u00f3n ajustada.<\/p>\n<\/li>\n Plantea un nuevo modelo de entregas a cuenta m\u00e1s \u00e1gil, orientado a reducir los retrasos con los que las comunidades reciben la financiaci\u00f3n definitiva, una de las disfunciones m\u00e1s criticadas del sistema vigente.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n \u00bfY qu\u00e9 deja pendiente?<\/p>\n Sin embargo, tambi\u00e9n deja abiertas cuestiones de fondo que condicionan seriamente su valoraci\u00f3n:<\/p>\n Su propio origen: la reforma nace de una negociaci\u00f3n bilateral entre el Gobierno y uno de sus socios de gobierno, el partido independentista catal\u00e1n Esquerra Republicana, y se presenta posteriormente al resto de comunidades de r\u00e9gimen com\u00fan. Este enfoque dificulta la construcci\u00f3n de un consenso amplio y refuerza la percepci\u00f3n de que el dise\u00f1o responde m\u00e1s a equilibrios pol\u00edticos coyunturales que a un acuerdo multilateral estable.<\/p>\n<\/li>\n La fuerte inyecci\u00f3n de recursos adicionales agrava un problema ya existente: la d\u00e9bil disciplina fiscal auton\u00f3mica. Aumentar la financiaci\u00f3n sin introducir mecanismos claros de corresponsabilidad en el gasto reduce los incentivos a una gesti\u00f3n eficiente y deja al Estado con menos margen para atender sus propias competencias y futuras incertidumbres. <\/p>\n<\/li>\n La creaci\u00f3n del fondo clim\u00e1tico y el mecanismo voluntario para la recaudaci\u00f3n de una parte del IVA de las pymes introducen elementos de arbitrariedad en el sistema.<\/p>\n<\/li>\n Que los territorios perciban el IVA en funci\u00f3n del domicilio fiscal de las empresas, y no del lugar donde se produce el consumo, es un criterio que puede generar distorsiones territoriales significativas. <\/p>\n<\/li>\n El \u201cmodelo en red\u201d abre la puerta a una fragmentaci\u00f3n administrativa<\/a>, con riesgos de p\u00e9rdida de eficiencia en la lucha contra el fraude.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n A vueltas con el principio de ordinalidad<\/p>\n A todo lo anterior se suma el principio de ordinalidad, por el que la posici\u00f3n de cada comunidad aut\u00f3noma en cuanto a su recaudaci\u00f3n tributaria frente a su puesto en la recepci\u00f3n de fondos, no deber\u00eda variar tras la aplicaci\u00f3n de los mecanismos de nivelaci\u00f3n entre comunidades. La cuesti\u00f3n es que la opci\u00f3n de recaudar el IVA de las pymes introduce un criterio que favorece a unas regiones frente a otras por dos razones:<\/p>\n El gran peso de estas empresas en las econom\u00edas de<\/a> Catalu\u00f1a (18,4\u00a0%), Madrid (16,2\u00a0%) y Andaluc\u00eda (15,7\u00a0%).<\/p>\n<\/li>\n\n
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