{"id":397025,"date":"2026-02-14T15:58:27","date_gmt":"2026-02-14T15:58:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/397025\/"},"modified":"2026-02-14T15:58:27","modified_gmt":"2026-02-14T15:58:27","slug":"los-expertos-del-govern-ven-viable-y-constitucional-limitar-la-compra-especulativa-de-vivienda-en-catalunya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/397025\/","title":{"rendered":"Los expertos del Govern ven \u00abviable y constitucional\u00bb limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya"},"content":{"rendered":"

Limitar el derecho a la propiedad privada para la compra de vivienda con fines especulativos en zonas con la demanda tensionada es \u00abviable y constitucional\u00bb<\/strong>. Esta es la principal conclusi\u00f3n de los cinco informes que el Govern encarg\u00f3 a finales de 2025 a varios expertos para analizar si pod\u00eda poner coto a quienes compran pisos para luego alquilarlos o volverlos a vender, y no para residir en ellos<\/strong>. Con el aval de los documentos de los especialistas, que se han hecho p\u00fablico este s\u00e1bado, el siguiente paso ahora es elaborar una ley catalana para mejorar el acceso a la vivienda<\/strong>. La idea es adaptar la norma que en su d\u00eda ya registraron los Comuns en el Parlament<\/a>.<\/p>\n

El informe principal, firmado por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer<\/strong>, empieza por recordar que la Constituci\u00f3n contempla el derecho a la propiedad privada (art\u00edculo 33) pero tambi\u00e9n el derecho a tener una \u00abvivienda digna y adecuada\u00bb<\/strong> (art\u00edculo 47). Al existir los dos, considera que para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna se pueden \u00abimponer a terceros limitaciones a sus derechos de propiedad privada en materia de vivienda\u00bb<\/strong>. Adem\u00e1s, recuerda que el art\u00edculo 47 destaca que \u00abel derecho a la vivienda digna en uno de los principios rectores de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica\u00bb y que cabe \u00abreforzarlo\u00bb.<\/p>\n

Las limitaciones a la propiedad privada<\/p>\n

Para sustentar su tesis, recuerda que ya hay una ley estatal, la 12\/2023, que pone limitaciones a la propiedad privada <\/strong>y que el Tribunal Constitucional ha avalado en su mayor parte<\/strong>. Entre estas se encuentran limitaciones como el tope al precio de los alquileres, las pr\u00f3rrogas forzosas, el destino de las viviendas \u00abexclusivamente a residencia habitual del arrendatario\u00bb o las obligaciones de dar informaci\u00f3n y colaborar con las administraciones en el caso de grandes tenedores<\/strong>. A su juicio, son precedentes que afectan a \u00abaspectos nucleares del derecho a la propiedad\u00bb<\/strong> y que ya han sido aprobados por el Congreso y avalados por el alto tribunal.<\/p>\n

El informe de Pi-Sunyer tiene otro elemento destacado a tener en cuenta: defiende que tanto los \u00ablegisladores estatales\u00bb<\/strong> -diputados del Congreso- como los \u00ablegisladores auton\u00f3micos\u00bb<\/strong> -diputados del Parlament- pueden establecer estas limitaciones. Es decir, que igual que puede hacerlo el Congreso para el conjunto de Espa\u00f1a, podr\u00eda hacerlo el Parlament espec\u00edficamente para Catalunya. As\u00ed, concluye que la Generalitat, dentro del marco constitucional, \u00abtiene un amplio margen\u00bb para establecer lo que considere oportuno desde sus \u00abcompetencias en legislaci\u00f3n civil\u00bb y desarrollo de normas estatales. Tambi\u00e9n recomienda al Govern que, si le ponen trabas desde el derecho administrativo<\/strong>, alegue que se hace para cumplir una \u00abfunci\u00f3n social\u00bb.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 del trabajo de Pi-Sunyer, el Govern tambi\u00e9n cuenta con otros cuatro documentos elaborados<\/strong>, respectivamente, por los expertos\u00a0Jaime Palomera<\/strong>\u00a0(del Institut de Recerca Urbana de Barcelona);\u00a0Pablo Feu<\/strong>\u00a0(el autor del informe del Pla Estrat\u00e8gic Metropolit\u00e0 de Barcelona que\u00a0ya avalaba la prohibici\u00f3n); la jurista\u00a0Fuensanta Alcal\u00e1 <\/strong>y la tambi\u00e9n jurista Rosa Fornas<\/strong>.<\/p>\n

\"Piso<\/p>\n

Piso tur\u00edstico ilegal en la Barceloneta. \/ Ferran Nadeu \/ EPC<\/p>\n

Solo para \u00abzonas tensionadas\u00bb<\/p>\n

El jurista Pablo Feu<\/strong>, que ya elabor\u00f3 un informe similar en 2025, se ratifica en otro extenso documento entregado al Govern. Las v\u00edas que propone para ejecutar esta limitaci\u00f3n es, a escala estatal, mediante real decreto, y a nivel catal\u00e1n, modificando la ley de urbanismo -como plantean los Comuns- o mediante decreto ley o decreto legislativo, entendiendo que el primero deber\u00eda quedar reservado para medidas de urgencia. Siempre, eso s\u00ed, vinculando la limitaci\u00f3n a las zonas declaradas como tensionadas con car\u00e1cter temporal. Tambi\u00e9n establece las casu\u00edsticas a las que deber\u00eda permitirse la compra. La primera, para ser destinada a residencia habitual<\/strong>, pero tambi\u00e9n para la compra de edificios enteros siempre y cuando todos los pisos se destinen a alquiler asequible<\/strong>, o la adquisici\u00f3n de una segunda residencia siempre que sea la \u00fanica y en un municipio distinto al de residencia. Otros supuestos que deber\u00edan ser posibles son la compra para parientes de hasta segundo grado.<\/p>\n

El informe de Fuensanta Alcal\u00e1 tambi\u00e9n considera que la limitaci\u00f3n \u00abresulta jur\u00eddicamente viable\u00bb.<\/strong> Argumenta que se inserta de \u00abmanera coherente en el ordenamiento vigente sin que se desprenda ninguna vulneraci\u00f3n constitucional apreciable\u00bb y avisa que puede aplicarse cuando \u00abconcurran situaciones objetivas de disfunci\u00f3n grave del mercado inmobiliario\u00bb. En concreto, a\u00f1ade que no deber\u00eda recibir un varapalo del Tribunal Constitucional porque \u00abse configura como una determinaci\u00f3n urban\u00edstica funcional vinculada al uso del suelo y a la destinaci\u00f3n social de los inmuebles\u00bb. Ahora bien, s\u00ed reclama un desarrollo normativo m\u00e1s concreto<\/strong> que el que se propone en la iniciativa parlamentaria de los Comuns para que queden claras las infracciones y las sanciones, as\u00ed como los criterios claros de responsabilidad, las medidas accesorias de restauraci\u00f3n y el r\u00e9gimen de excepciones.<\/p>\n

Finalmente, el documento entregado por Rosa Fornas, especialista en derecho urban\u00edstico, es el que aporta m\u00e1s advertencias<\/strong>. Matiza que, si la propuesta pretende \u00ablimitar los negocios privados\u00bb, corresponde a un \u00abmarco legislativo distinto al del urban\u00edstico porque este regula el uso del suelo, no los negocios privados que se puedan realizar en ellos\u201d. Tambi\u00e9n avisa de los peligros de dejar la decisi\u00f3n de aplicar esta medida en manos de la autonom\u00eda municipal y de que no contemple un r\u00e9gimen transitorio y posibles efectos retroactivos.<\/p>\n

\"Foto<\/p>\n

Foto de una inmobiliarias en Sants. \/ Sandra Rom\u00e1n \/ EPC<\/p>\n

Los precedentes internacionales<\/p>\n

El informe elaborado por el Institut de Recerca Urbana de Barcelona indica que, entre 2014 y 2024, el mercado residencial espa\u00f1ol ha estado protagonizado por el capital inversor y no por las demandas residenciales. En este per\u00edodo, Barcelona se ha consolidado como la ciudad espa\u00f1ola que m\u00e1s inversi\u00f3n ha captado<\/strong> a trav\u00e9s de Golden Visas, y concentra 62.756 viviendas en edificios de propiedad vertical especialmente expuestos a estrategias de compra, vaciado, rehabilitaci\u00f3n y posterior reventa<\/strong> o alquiler a precios elevados.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se fija en precedentes de otros pa\u00edses que han adoptado medidas de limitaci\u00f3n. En los Pa\u00edses Bajos<\/strong> se protege el acceso a la propiedad para compradores residentes, con ca\u00eddas de hasta el 75% en adquisiciones de inversores en ciudades como R\u00f3terdam, y se establece un amplio sistema de alquiler protegido. Austria y Suiza<\/strong> controlan segundas residencias y compras de no residentes, preservando el uso residencial; mientras que en Singapur<\/strong> se aplica un fuerte impuesto adicional a segundas y siguientes viviendas, que ha provocado una ca\u00edda de entre el 80% y el 90%<\/strong> de las compras de extranjeros y ha estabilizado los ciclos de precios<\/strong>.<\/p>\n

Con el aval de estos informes, el Govern deber\u00e1 definir ahora su propuesta, aunque la v\u00eda en la que se canalizar\u00e1 es a trav\u00e9s de la iniciativa de modificar la ley de urbanismo que ya han presentado los Comuns en la C\u00e1mara catalana y que est\u00e1 pendiente de que el curso parlamentario permita a\u00f1adir enmiendas, debatirla y aprobarla para que entre en vigor. Para aprobar los presupuestos, el grupo de J\u00e9ssica Albiach<\/strong> exige que est\u00e9 en vigor en un plazo m\u00e1ximo de seis meses. <\/strong><\/p>\n

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