Madrid<\/p>\n
Hace 14 a\u00f1os que el gobierno del Partido Popular decidi\u00f3 expulsar del sistema sanitario a las personas extranjeras<\/a> en situaci\u00f3n irregular, limitando su derechos al m\u00ednimo: las urgencias, el embarazo y la atenci\u00f3n a menores. Intentar corregirlo fue una de las primeras medidas del gobierno de Pedro S\u00e1nchez<\/a>, pero no est\u00e1 funcionando. Es la conclusi\u00f3n de un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por el Consejo de Colegios Farmac\u00e9uticos, que se\u00f1ala que la redacci\u00f3n del Real Decreto de 2018 es ambigua e imprecisa, lo que est\u00e1 dando lugar a distintas interpretaciones y, en definitiva, a barreras para personas que tienen derecho a esa atenci\u00f3n. Fuentes de Sanidad confirman a la SER que conf\u00edan en que un nuevo Real Decreto llegue este mismo mes de marzo al Consejo de Ministros.<\/p>\n Embarazadas y menores m\u00e1s desprotegidos y personas a las que se niega la atenci\u00f3n en urgencias<\/p>\n La principal conclusi\u00f3n del informe presentado en Madrid es que la asistencia sanitaria a las personas migrantes es desigual en Espa\u00f1a por culpa de las distintas interpretaciones que hace cada territorio del Real Decreto Ley 7\/2018. Y pone ejemplos concretos. \u00abLa norma no establece de forma expl\u00edcita la atenci\u00f3n para menores y embarazadas como s\u00ed lo hac\u00eda la norma anterior. En la pr\u00e1ctica, su interpretaci\u00f3n ha sido en ocasiones m\u00e1s restrictiva para estos colectivos especialmente vulnerables, llegando a negarles la atenci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n En comunidades como Baleares o Galicia, se\u00f1ala el estudio, la atenci\u00f3n a menores y mujeres embarazadas puede llegar a ser facturable. Estos documentos que relatan el coste de los servicios prestados tienen un efecto disuasorio sobre personas vulnerables y, aunque no lleguen a cobrarse, pueden provocar, como ha se\u00f1alado el Defensor del Pueblo de Navarra, que no acudan a los servicios sanitarios cuando est\u00e9n enfermas. <\/p>\n En el caso de la atenci\u00f3n de urgencias, apunta el documento, la norma vigente tampoco especifica su obligatoriedad. Esto provoca que, en ocasiones, se exija el pago tras la asistencia o se deniegue directamente. Durante la presentaci\u00f3n, en el III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesi\u00f3n Farmac\u00e9utica, el presidente del Consejo General de Colegios Farmac\u00e9uticos, Jes\u00fas Aguilar, ha incidido en que \u00absi queremos un sistema equitativo y sostenible tenemos que garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atenci\u00f3n sanitaria\u00bb y en el papel que juega la farmacia comunitaria en este sentido porque \u00abacompa\u00f1a a las personas, detecta necesidades y mejora la continuidad asistencial\u00bb. <\/p>\n Razones \u00e9ticas, pero tambi\u00e9n econ\u00f3micas: la exclusi\u00f3n nos cuesta dinero<\/p>\n Para quienes no resultan suficientes los motivos \u00e9ticos y humanitarios que justifican garantizar el derecho a la salud de todas las personas, el informe recuerda que la exclusi\u00f3n de los migrantes cuesta dinero al sistema, \u00abno reduce el gasto p\u00fablico, sino que lo traslada a recursos m\u00e1s costosos, como las urgencias o la atenci\u00f3n hospitalaria evitable\u00bb. Cita un estudio de la Agencia de la Uni\u00f3n Europea para los Derechos Fundamentales que pone cifras al ahorro que permite el acceso regular a la atenci\u00f3n preventiva: un 9% menos de gasto en un a\u00f1o, un 12-13% en cinco a\u00f1os y hasta un 16% a lo largo de la vida del paciente.<\/p>\n