M\u00e1s informaci\u00f3n<\/p>\n
22 de diciembre de 2023. Un t\u00e9cnico de la administraci\u00f3n central visita la residencia y centro de d\u00eda para mayores dependientes de Mirasierra. Durante la visita a la cocina observa algo que apunta inmediatamente y provoca una sanci\u00f3n de 47.743,57 euros.<\/p>\n
\u201cSe detectan varios productos caducados: bl\u00edster de salchichas frankfurt, dos barras de salchich\u00f3n\u201d, detalla sobre unos consumibles a los que hace fotograf\u00edas por si alguien no se cree que la fecha de consumo de uno de ellos ha vencido ya hace m\u00e1s de medio a\u00f1o, pues es de mayo. Y a\u00f1ade: \u201cSe encuentran varios productos abiertos sin identificar. Fiambre (beicon, jam\u00f3n york, jam\u00f3n serrano, queso) sin fecha de apertura, y con envoltorios escasos, sin hacer la funci\u00f3n de antioxidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
No es el \u00fanico centro en el que se detecta ese problema. Durante la inspecci\u00f3n de una residencia en San Sebasti\u00e1n de los Reyes, ese mismo a\u00f1o, un inspector frena una comida a punto de ser consumida: \u201cSe comprueba que hab\u00eda tarrinas de pur\u00e9 de merluza, zanahorias y arroz de Campofr\u00edo caducadas al d\u00eda 11.02.2022 que se iban a servir\u201d. Esa veintena larga de palabras suponen una sanci\u00f3n de 33.820,47 euros para el centro. No es la \u00fanica en esa residencia. Ni la primera. En octubre de 2022, otra visita descubre que hay menos personal del que deber\u00eda para atender a los residentes. Son otros 33.820,47 euros. Una tercera, de 2024, supone 16.910,23 euros<\/a> por no informar a la Comunidad de un incidente con una anciana. <\/p>\n \u00bfQu\u00e9 ha ocurrido? MLC, una residente, solicita que le rellenen la botella de agua. Al hacerlo, la auxiliar nota un olor \u201cextra\u00f1o, como a colonia\u201d, en el recipiente. A los diez minutos, la residente empieza a toser. Le arde la garganta. Vomita tres veces. Entonces alguien se fija en que en la botella hay una especie de espuma, \u201clo que hace sospechar alg\u00fan producto jabonoso\u201d. La afectada acaba en el hospital.<\/p>\n Seg\u00fan documentaci\u00f3n oficial, la sanci\u00f3n m\u00e1s importante para este tipo de centros desde 2019 son los 83.420,14 a una residencia de Usera por defectos en el mantenimiento. Las falta de personal es otra de las cuestiones m\u00e1s sancionadas, y llegan a costarle 71.615,36 al gestor de un centro en Mirasierra. No se le da tanta importancia a la limpieza y modernidad de las instalaciones. Sirva de ejemplo la residencia del Parque Coimbra. Ah\u00ed el inspector describe un panorama dantesco.<\/p>\n \u201cSe observa suciedad, acumulaci\u00f3n de enseres, luminarias y esquineras deterioradas en el garaje y exteriores\u201d, escribe, seg\u00fan la documentaci\u00f3n consultada por este diario. \u201cIgualmente se observa tanto en habitaciones y ba\u00f1os como en pasillos, zonas comunes y \u00e1reas de trabajo que faltan o est\u00e1n deterioradas y sucias algunas placas de techo, las instalaciones de carpinter\u00eda y pintura de paredes est\u00e1n en mal estado, faltan algunas partes de rodapi\u00e9s y se observan azulejos ca\u00eddos o rotos, luminarias fundidas y embellecedores da\u00f1adas\u201d.<\/p>\n \u00bfEl resultado? En 2025 el centro es sancionado con apenas 1.967,96 euros, la misma cantidad que en 2023, cuando la lista de desperfectos era kilom\u00e9trica. Finalmente, con poco m\u00e1s de 5.208,76 euros es multada la residencia de El Berrueco, especializada en personas mayores dependientes con alteraciones de conducta, por no acreditar \u201cel cumplimiento de la obligaci\u00f3n de tener empleados, durante la vigencia del contrato, a trabajadores discapacitados en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa\u201d.<\/p>\n Cesi\u00f3n de parcelas<\/p>\n \u201cAyuso ha subastado la vida de los m\u00e1s vulnerables, las personas mayores en residencias, al peor postor\u201d, opina Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y especialista en analizar el complejo mundo de las residencias. \u201cLo m\u00ednimo ser\u00eda que controlase lo que ocurre dentro de esas paredes\u201d, sigue. \u201cPero las penalidades que impone son m\u00ednimas, mientras que las quejas de las familias son un clamor\u201d, a\u00f1ade. Y denuncia: \u201cSu \u00fanica prioridad es el negocio. Nada le importa el sufrimiento de quienes deber\u00edan ser atendidos con toda la dignidad\u201d.<\/p>\n Con ella coincide Diana Paredes, diputada de M\u00e1s Madrid. \u201cEl gran problema es el modelo de privatizaci\u00f3n de los cuidados de Ayuso\u201d, sostiene. \u201cNo solo hay pocas inspecciones, es que la gran mayor\u00eda son pactadas\u201d, contin\u00faa. \u201cY la realidad que cuentan los trabajadores y recogen las propias inspecciones es alarmante: falta de personal, ratios que no se cumplen, ausencia de enfermer\u00eda en turnos clave e incluso situaciones en las que no hay nadie que pueda administrar medicaci\u00f3n en momentos cr\u00edticos\u201d, prosigue. \u201cA eso se suma la falta de mantenimiento en centros antiguos y la ausencia constante de profesionales b\u00e1sicos como gerocultoras o personal de cocina. Es decir, un sistema que deber\u00eda garantizar cuidados dignos est\u00e1 funcionando con m\u00ednimos\u2026 o directamente incumpliendo sus propios pliegos\u00bb. Y se pregunta: \u201c\u00bfPor qu\u00e9 pasa? Porque no hay consecuencias reales. Las sanciones son escasas y, cuando existen, son irrisorias\u00bb.<\/p>\n Frente a esas acusaciones, un portavoz de la consejer\u00eda de Familia, Juventud y Asuntos sociales, que encabeza Ana D\u00e1vila, argumenta que las penalidades y las cuant\u00edas se aplican cumpliendo lo establecido en la Ley de contratos p\u00fablicos y en el contrato.<\/p>\n \u201cLos usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid est\u00e1n bien atendidos y la Administraci\u00f3n regional vela permanentemente por el correcto cumplimiento de los criterios de calidad en la atenci\u00f3n y de los contratos\u201d, asegura. \u201cLa Comunidad de Madrid ejerce un control estricto sobre las residencias de gesti\u00f3n indirecta\u201d, recalca. \u201cEstos centros pasan cada uno al menos dos visitas de la inspecci\u00f3n al a\u00f1o y al menos otras 10 visitas de los t\u00e9cnicos que hacen seguimiento para que se cumpla correctamente el contrato de gesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n Lo que es seguro es que el sistema de residencias p\u00fablico privadas va a crecer, aunque este interlocutor del gobierno precisa que lo har\u00e1 con un modelo distinto. El actual implica un contrato de gesti\u00f3n de servicios: un privado se hace cargo de un edificio p\u00fablico. El futuro es una concesi\u00f3n: un privado construye y explota la residencia sobre una parcela municipal cedida. Ambos tienen en com\u00fan que el dinero p\u00fablico financia la operaci\u00f3n privada. <\/p>\n As\u00ed, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han aliado ahora para ceder gratis por 70 a\u00f1os una parcela de 8.000 metros cuadrados de suelo p\u00fablico en la capital que est\u00e1 valorada en m\u00e1s de dos millones de euros, con el objetivo de que una empresa invierta en construir y equipar una residencia que podr\u00e1 explotar por dos v\u00edas. Una, a precio decidido por la Administraci\u00f3n, pues tendr\u00e1 80 plazas p\u00fablicas (60 de residencia y 20 de centro de d\u00eda). Otra, la mayoritaria, a precio de mercado, con 120 plazas privadas (90 de residencia y 30 de centro de d\u00eda). <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/GE25PP5BLBGKHKWY2DAN6ZLNZE.jpg\")
La consejera de Educaci\u00f3n, Mercedes Zarzalejo, junto a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana D\u00e1vila-Ponce de Le\u00f3n, a mediados de febrero. Claudio \u00c1lvarez<\/p>\n![\"Lorena](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/KACUZFX33ZAM5NKF75OZEJJ5LQ.jpg\")
Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. Europa Press News (Europa Press\/ Getty Images)<\/p>\n