Los cient\u00edficos avalan que el barco del hantavirus atraque en Espa\u00f1a: es una decisi\u00f3n \u201crazonable, correcta y l\u00f3gica\u201d<\/p>\n
![\"Los](\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/f8230f1f-11a4-4a45-a89c-1de98421537e_16-9-aspect-ratio_default_0_x2137y1318.jpg\")
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\n Sin una medida de emergencia en vigor, el principal instrumento legal al que pueden acogerse las autoridades es la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud P\u00fablica<\/a>, de 1986. Esa norma faculta en su art\u00edculo tercero a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere \u201cnecesarias\u201d \u2014sin especificar cu\u00e1les\u2014 en caso de \u201criesgo de car\u00e1cter transmisible\u201d. Adem\u00e1s, la ley General de Sanidad, de 2011, tambi\u00e9n incluye una redacci\u00f3n gen\u00e9rica que da cobertura para que la autoridad sanitaria adopte las \u201cmedidas preventivas\u201d que se consideren \u201csanitariamente justificadas\u201d en caso de que \u201cexista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud\u201d.\u00a0\n <\/p>\n \n Es m\u00e1s, esa normativa se\u00f1ala que \u201cla autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus funciones, podr\u00e1 solicitar el apoyo, auxilio y colaboraci\u00f3n de otros \u00f3rganos administrativos, funcionarios p\u00fablicos u otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislaci\u00f3n vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad\u201d.\n <\/p>\n \n La ley establece que en el caso de que alguna de las personas sometidas a esta medida se negara a su aislamiento o mostrase su oposici\u00f3n se necesitar\u00e1 una decisi\u00f3n judicial que deber\u00eda resolver la Audiencia Nacional tras solicitarlo la Abogac\u00eda del Estado.\n <\/p>\n \n El director general de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud<\/a>, Tedros Adhanom, se\u00f1al\u00f3 este jueves que, dado el periodo de incubaci\u00f3n del virus \u2014de hasta seis semanas\u2014, es \u201cposible que se detecten m\u00e1s casos\u201d de hantavirus en el crucero que se dirige a Canarias. El 6 de abril, hace menos de cinco semanas, aparecieron los primeros s\u00edntomas en un pasajero, que falleci\u00f3 poco despu\u00e9s.\n <\/p>\n \n Este periodo de incubaci\u00f3n es uno de los motivos que llevan a los expertos sanitarios consultados a recomendar la cuarentena de los pasajeros, una vez desembarquen en Canarias. Pero no el \u00fanico. \u201cAnte un virus del que no tenemos suficiente background, para el que no hay tratamiento y cuya mortalidad es muy alta, parece de sentido com\u00fan mantener una pauta para que estos individuos est\u00e9n controlados y sin exposici\u00f3n a terceros\u201d, explica el portavoz de la Sociedad Espa\u00f1ola de Enfermedades Infecciosas y Microbiolog\u00eda Cl\u00ednica (Seimc), Juan Carlos Gal\u00e1n, que es experto en virus.\n <\/p>\n \n El doctor Daniel L\u00f3pez Acu\u00f1a, experto en Salud P\u00fablica y Epidemiolog\u00eda, coincide con este diagn\u00f3stico. \u201cEst\u00e1 absolutamente justificado en un brote epid\u00e9mico como este llevar a cabo una cuarentena de las personas a desembarcar, tengan o no s\u00edntomas\u201d, indica ante una variante andina que, aunque con m\u00e1s dificultad que el coronavirus o la gripe, puede transmitirse entre personas y \u201ctiene una letalidad de entre el 30 y el 40%\u201d.\n <\/p>\n \n \u201cLa clave para los espa\u00f1oles en el caso de Espa\u00f1a y el resto en sus pa\u00edses ser\u00e1 que est\u00e9n en cuarentena para evitar que infecten a la gente que convive con ellos y la enfermedad se disemine. Por supuesto, tiene que haber un consentimiento informado, como en cualquier intervenci\u00f3n, pero no es una cuesti\u00f3n de querer o no. La cuarentena es un s\u00ed o s\u00ed\u201d, insiste L\u00f3pez Acu\u00f1a, quien trabaj\u00f3 en la OMS durante tres d\u00e9cadas y pide \u201cmantener el debate en t\u00e9rminos sanitarios, epidemiol\u00f3gicos y cient\u00edficos, no pol\u00edticos\u201d.\n <\/p>\n \n Durante la cuarentena, este experto aconseja realizar a estas personas una determinaci\u00f3n de anticuerpos en sangre, para comprobar si han estado expuestos al virus, y una PCR, para detectar si lo tienen activo. \u201cEs una cuarentena del siglo XXI\u201d, se\u00f1ala.\n <\/p>\n Normas en el \u00e1mbito sanitario<\/p>\n \n En el plano legal, los expertos coinciden en que el Gobierno tiene herramientas para imponer esa cuarentena recomendada por los epidemi\u00f3logos. Josefa Cantero, catedr\u00e1tica de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, explica que si bien cualquier actuaci\u00f3n sanitaria que afecte a una persona requiere el consentimiento informado por el derecho a la integridad f\u00edsica, la Administraci\u00f3n \u201cpuede actuar sin consentimiento\u201d por razones de salud p\u00fablica gracias al marco que habilita esa norma. Indica que esa ley \u201chabilita gen\u00e9ricamente\u201d a la autoridad sanitaria para que la autoridad sanitaria pueda adoptar \u201clas medidas oportunas\u201d.\u00a0\n <\/p>\n \n Si bien Cantero considera que la norma da carta blanca al Ministerio de Sanidad para forzar a esa cuarentena, la naturaleza gen\u00e9rica, a su juicio, es un problema que se podr\u00eda haber resuelto por el legislador tras la experiencia de la pandemia mediante una nueva ley estatal que tipificara las medidas concretas a aplicar en este tipo de casos.\u00a0\n <\/p>\n \n Esta jurista considera que se habr\u00edan evitado problemas porque se podr\u00eda haber determinado en qu\u00e9 consiste esa cuarentena, cu\u00e1ndo y qui\u00e9n adopta la medida, en qu\u00e9 supuestos y con qu\u00e9 garant\u00edas. La catedr\u00e1tica entiende que esto podr\u00eda dar seguridad jur\u00eddica a la poblaci\u00f3n porque cuando el Ejecutivo interviene en la esfera particular y limita derechos fundamentales \u201clo m\u00ednimo es que el marco legislativo sea claro\u201d.\n <\/p>\n \n Con todo, Cantero insiste en que el departamento que dirige M\u00f3nica Garc\u00eda debe adoptar la medida de cuarentena para cada uno de los 14 espa\u00f1oles que van a bordo del barco. Y que debe hacerlo mediante una resoluci\u00f3n que ha de ser motivada y justificada y en la que se explica por qu\u00e9 es adecuada, id\u00f3nea y proporcional, dado que se limitan derechos fundamentales.\u00a0\u00a0\n <\/p>\n \n Por su parte, Sara Bandr\u00e9s, profesora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), coincide en que la autoridad sanitaria s\u00ed puede obligar a esa cuarentena ante una falta de voluntariedad apoy\u00e1ndose en el riesgo de incertidumbre. \u201cSi nos ponemos en una situaci\u00f3n sencilla, no tiene por qu\u00e9 haber oposici\u00f3n\u201d, resalta.\n <\/p>\n \n Destaca, a continuaci\u00f3n, que en caso de que haya que valorar qu\u00e9 est\u00e1 por encima, si la libertad individual o la protecci\u00f3n de la salud colectiva, entra en juego no solo la mencionada norma sino tambi\u00e9n la Ley General de Sanidad que en su art\u00edculo 26 subraya que \u201cen caso de que exista riesgo inminente y extraordinario para la Salud, las autoridades sanitarias pueden adoptar las medidas preventivas que estimen pertinentes\u201d.\u00a0\n <\/p>\n \n Bandr\u00e9s pone el foco en la enumeraci\u00f3n que se hace en ese art\u00edculo y se fija concretamente en la expresi\u00f3n \u2018y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas\u2019 para incidir en que la medida de una cuarentena encuentra amparo legal en el derecho espa\u00f1ol.\u00a0\n <\/p>\n \n Recuerda, por otro lado, que esa medida es preventiva y no de privaci\u00f3n de libertad porque implica aislamiento pero solo por riesgo sanitario. \u201cAnte dos bienes jur\u00eddicos en conflicto hay que jerarquizar, y hasta ahora siempre se le da prioridad a la salud p\u00fablica\u201d, ha a\u00f1adido, para luego sumar a esto que el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola reconoce el derecho a la protecci\u00f3n de la salud y encomienda a los poderes p\u00fablicos la organizaci\u00f3n y tutela de esa salud p\u00fablica mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios.\u00a0\n <\/p>\n \n Y va m\u00e1s all\u00e1, porque la autoridad sanitaria podr\u00eda incluso obligar a los aislados a someterse a determinadas pruebas m\u00e9dicas en aras de controlar ese riesgo sanitario. Cita en este asunto el art\u00edculo 9.2 de la ley de autonom\u00eda del paciente, que reza que los facultativos podr\u00e1n llevar a cabo las intervenciones cl\u00ednicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento cuando exista riesgo para la salud p\u00fablica. Esa norma aporta el matiz de que la decisi\u00f3n sanitaria debe ser comunicada por Sanidad a la autoridad judicial en el plazo m\u00e1ximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.\n <\/p>\n \n Por otro lado, fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es inciden en que la ley de medidas especiales es suficiente para autorizar los internamientos forzosos de esas personas, y m\u00e1s en este caso porque contrariamente a lo que ocurr\u00eda con la COVID-19 no hay un conjunto indeterminado de personas sobre el que actuar.\u00a0Adem\u00e1s, explican que esa indeterminaci\u00f3n de la norma, lejos de ser un problema es un beneficio porque abarca conceptos jur\u00eddicos abiertos. \u201cHay apoyo legal m\u00e1s que suficiente y se apoya tanto en jurisprudencia del Supremo como del Constitucional a ra\u00edz de la pandemia de coronavirus\u201d.\n <\/p>\n \n Y en cuanto al formalismo para ordenar ese confinamiento hospitalario, se\u00f1alan que la autoridad debe emitir una resoluci\u00f3n administrativa con la orden motivada y contra esa decisi\u00f3n pueden ir los afectados tanto por la v\u00eda administrativa como judicial. En ese caso, el asunto recaer\u00eda en un juzgado de lo Contencioso de Madrid que deber\u00eda decidir por el tr\u00e1mite urgencia pero siempre una vez internado el paciente.\u00a0\n <\/p>\n \n Por su parte, fuentes de Sanidad a\u00f1aden que la Ley General de Sanidad tambi\u00e9n refuerza el papel del Estado porque le atribuye la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior y la potestad de coordinaci\u00f3n ante situaciones de riesgo de incidencia nacional o internacional. Recuerdan que, en ese marco, la norma prev\u00e9 medidas como la cuarentena de personas infectadas o expuestas ante un riesgo inminente y extraordinario para la salud.\n <\/p>\n \n Adem\u00e1s, reiteran que la norma recoge que debe darse preferencia a la colaboraci\u00f3n voluntaria de los ciudadanos con las autoridades sanitarias y que en todo caso no se pueden imponer medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida. Suman a esto que entre las opciones disponibles han de adoptarse aquellas que menos perjudiquen la libre circulaci\u00f3n de personas y que, en todo caso, es admisible realizar cuarentenas incluso sin que haya un periodo de audiencia previa con los afectados, tal y como han avalado los tribunales.\u00a0\n <\/p>\n La doctrina del Supremo tras la pandemia\u00a0<\/p>\n \n Las discrepancias jur\u00eddicas que surgieron tras la limitaci\u00f3n a la movilidad y otros derechos fundamentales que se pusieron en marcha para frente a la pandemia del coronavirus han contribuido a interpretar el marco legislativo que permite restringir la vida social en caso de emergencia sanitaria. Seg\u00fan esta doctrina, el Gobierno no necesita decretar un estado de alarma para imponer esta cuarentena. Las autoridades sanitarias podr\u00edan hacerlo a trav\u00e9s de una interpretaci\u00f3n conjunta de diversas normas en materia sanitaria.\u00a0\n <\/p>\n
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